Reflexiones de un iletrado sobre el sentido común y la justicia

Hablar de la justicia siempre es escabroso. A mí los jueces me imponen, pero no es solo respeto, más bien es miedo. Es el miedo a no saber lo que pueden determinar ante un hecho, lo que implica cierta desconfianza a la par que desconocimiento del mundo de la judicatura. El asunto está en que, sea como fuere, se ha de tener un marco legal que articule la convivencia. El problema es cuando ese marco legal es burlado por unos, mientras machaca a otros en función del conocimiento y los recursos de la defensa o de influencias inconfesables. Los errores judiciales son bastante habituales, incluso de organismos superiores. Se ha dado el caso de condenados a muerte que luego se ha demostrado su inocencia, cuando ya no había posibilidad de reparar el error.

Bajo mi punto de vista hay dos vertientes importantes para cuestionar o analizar la impartición de la justicia. Por un lado está la legitimidad que las leyes tienen desde la justicia social y del sentido común, como servicio a la ciudadanía y su convivencia. Hago hincapié en lo del sentido común por entender que las personas nos solemos llevar más por él que por otra cosa. El sentido común es un juicio personal que todos hacemos, fundamentado en nuestro aprendizaje social y al amparo de la concepción infusa que la historia fue fraguando en nuestra forma de entender y ver la convivencia social. Para Trout y Rivkin, el sentido común es una facultad que posee la generalidad de las personas, para juzgar razonablemente las cosas. Esto ya nos da una idea concreta de por dónde deben ir las leyes. Una ley justa es aquella que se adecua al sentido común del pueblo. La justicia se hace aplicando las leyes, pero estas pueden no ser justas. Había, y existen aún, en muchos países leyes injustas. Nosotros lo sabemos por experiencia.

Después está la forma y criterio que usa el juez al respecto. Es obvio que no todos los jueces dictan la misma sentencia ante un mismo hecho. Claro, dirás, es que para eso están los recursos. Cierto, pero eso no quiere decir que en las esferas superiores no se vayan a dar las mismas circunstancias de diversidad de criterio que en las inferiores. Entonces recurren a los votos del jurado y se determina por mayoría. Es decir, es el criterio de la mayoría el que prevalece. Eso quiere decir que, ese criterio, no es justo para los que no votaron en ese sentido.

Una vez, ante un juicio, pregunte a mi abogado cómo veía la posibilidad de ganarlo y me respondió: “Depende del juez que nos toque”. A pesar de todo, tengo que confiar en la llamada justicia, pues es la única forma que tenemos de establecer el orden en un sistema democrático. Eso no quiere decir que no la critique en sus justos términos desde mi libre opinión. Al fin y al cabo, la justicia debe emanar también de la soberanía popular, a través del legislativo elegido en votación universal y directa. Si existe la discrepancia entre los propios jueces (ver: http://www.elpais.com/articulo/espana/discrepo/prevarico/elpepuesp/20100422elpepinac_4/Tes), cómo no entenderla entre los ciudadanos de a pie.

En ese sentido las leyes las elaboran los representantes del pueblo soberano, el parlamento elegido democráticamente. Lo cual tampoco garantiza que sean leyes justas, pero al menos se pueden acercar más al sentido común, en tanto el voto es reversible. Por tanto, bajo mi criterio, el legislativo es el órgano más importante que se da en un sistema democrático, de soberanía popular, y los demás poderes del Estado se han de someter a él.

Andamos envueltos, en los últimos tiempos, en un clima judicial preocupante, que siembra cierta inquietud y desconfianza en el mundo político y ciudadano. Los casos de Garzón, la trama Gürtel, los amiguismos inconfesables, la corrupción política en general, el no querer considerar los crímenes de lesa humanidad del franquismo, el asunto del Estatut catalán, etc…, junto al caso de la “caducidad” de los nombramientos en altas instancias, como el Tribunal Constitucional, dan mucho que pensar al ciudadano de a pie. Acaba uno sin saber muy bien como encajar determinadas actuaciones en la concepción de una justicia ecuánime e imparcial.

Como un botón de muestra me quiero referir al caso del Estatut Catalán. Hace cuatro años que está funcionando y aún no se han pronunciado el Constitucional. Lo primero que me planteo es si el asunto debió ir allí. Si un parlamento autonómico, previo estudio de juristas de reconocido prestigio y el apoyo en referéndum del pueblo soberano, y un parlamento nacional, con arreglo al sistema de funcionamiento establecido, elaboran y aprueban un Estatuto, pasando este por el visto bueno de los letrados de las cortes… ¿no deberíamos otorgarle la máxima legitimidad sin necesidad de someterse al espectáculo que se está produciendo en el Constitucional? Máxime cuando el Constitucional debería haberse renovado hace años y todo el mundo sospecha que no se ha hecho por ser, los nombramientos, motivo de confrontación política. Lo que lleva a pensar que puede haber intencionalidad en los partidos políticos para ejercer influencia en este organismo.

El hecho en sí, bajo mi punto de vista, es que el legislativo ya le da la legitimidad suficiente para que no tenga que pasar por el Constitucional. Y menos manteniendo ese “empate técnico” que parece darse entre los miembros de este.

Hay otro hecho preocupante. Cómo el PP, que es de vocación legisladora y en consecuencia aspirante al ejecutivo, recurre al Constitucional para que anule una resolución del legislativo, ninguneando las reglas funcionales del parlamento democrático. ¿Eso no es tirar piedras contra su propio tejado? Y, en todo caso, ¿Por qué no recurren otros artículos similares de estatutos que votó favorablemente en su día? Solo cabe la explicación del perverso juego político partidista en función de la representatividad que se tenga en esa comunidad.

Hace unos años se voto el Estatuto Catalán, el Andaluz, el Valenciano, etc. Están funcionando y no se ha roto nada, pero de seguir así conseguirán enfrentar a la ciudadanía de las diferentes comunidades. Eso es desmembrar España, romperla deshaciendo voluntades solidarias. Se habla mucho y sin fundamento de los privilegios y de las prebendas de unos y de otros, pero no se percatan de la miopía política, que no ve el mal que se hace a la convivencia interterritorial. Gritan: “Los catalanes insolidarios ponen en sus supermercados que se consuman productos de la tierra…” pero en Andalucía también se encuentran banderitas andaluzas indicando que se consuman los nuestros. Eso es una estrategia de marketing. Así, nuestro infantilismo e inmadurez política queda atrapada en un discurso malévolo, dejándonos llevar por las estupideces de unos cuantos.

Yo me atrevería a pedir algunas cosas. Al Partido Popular que retire la demanda ante el Constitucional, el alto tribunal se lo agradecería. Al Constitucional que se declare incompetente, dado que es el legislador el que se ha definido. A los medios de comunicación agitadores, responsabilidad. A los ciudadanos, que entiende al ser humano por encima de estos localismos de mayor o menor dimensión, que no se deje influir por actitudes de confrontación y que sigan trabajando por un proyecto integral de concepción universal, derribando fronteras y labrando el acercamiento entre los hombres y mujeres que pueblan este jodido mundo, que crearon los poderosos a través de la historia sin contar con el pueblo. Y a todos, un poco más de sentido común, ese sentido común que lleva a una visión holística, totalizadora, de un mundo socialmente interactivo, que enriquezca con su diversidad, que sume y no reste. Nuestra gran nación es la humanidad, nuestra patria le mundo. Los estatutos son, al fin y al cabo, una forma doméstica de organización para hacer funcionar las cosas desde la visión cercana de los pueblos. Creemos, pues, estatutos, pero rompamos fronteras